Los presidentes de esas comisiones, Juan Carlos Vega y Alfonso Prat Gay, ambos de la Coalición Cívica, deberán definir la fecha y hora de la reunión en la que se buscará avanzar en la elaboración de un texto que reúna las tres iniciativas presentadas en torno al tema.
La convocatoria llega tras el pedido realizado la semana pasada por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, para que la oposición legislativa acompañe el tratamiento del tema para evitar que Argentina sea sancionada por el Grupo de Asistencia Financiera Internacional (GAFI), lo que podría ocurrir si no se aprueba durante mayo.
Luego de ese pedido de Fernández -el miércoles-, los principales bloques de la oposición respondieron a través de una conferencia de prensa -el jueves- en la que sostuvieron «la firme intención de tratar el proyecto y de avanzar en su aprobación con un texto que contemple las inquietudes de los diferentes sectores parlamentarios».
Fuentes del oficialista bloque del Frente para la Victoria aspiran «a conseguir dictamen en los próximo 10 días, y llevar el tema al recinto antes de fin de mes».
Para ello, «no se descarta la posibilidad de aceptar algunas de las observaciones realizadas por la oposición al proyecto del Poder Ejecutivo, aunque sin desvirtuar el espíritu del mismo».
En esa instancia, la autonomía y la autarquía de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) es el punto que mayores diferencias genera entre el oficialismo y los opositores, encolumnados mayoritariamente tras los proyectos de Federico Pinedo (Pro) y de Horacio Piemonte (Coalición Cívica).
La base del proyecto, enviado a mediados del año pasado por el Poder Ejecutivo, propone tipificar como delito autónomo el Lavado de Activos, eliminando la restricción que une esa figura al acto de encubrir delitos ejecutados por otros, lo que impide en la actualidad la persecución penal del denominado «autolavado».
La iniciativa amplía, además, las facultades de la UIF y de la judicatura, mediante modificaciones a la Ley N° 25.246, e incorpora nuevos sujetos obligados, entre otras cuestiones.
El proyecto se comenzó a debatir en septiembre del año pasado en la comisión de Finanzas, en una serie de reuniones que incluyeron la presencia de los autores de las tres iniciativas para que explicaran los puntos principales de cada una de ellas.
En diciembre, por decisión de la Mesa Directiva de la Comisión de Legislación Penal, se constituyó un grupo de expertos en Lavado de Activos cuyo objetivo fue el de analizar los proyectos con estado parlamentario en la materia, así como la situación jurídica del país a raíz de los informes del GAFI.
A medidos de marzo se realizó la primera reunión de la comisión de Legislación Penal, que finalizó con una discusión entre el propio Vega y su presidenta de bancada, Elisa Carrió, sobre la metodología a aplicar en el tratamiento de los proyectos.
Todas las bancadas habían acordado que el documento elaborado por la comisión especial de expertos en la materia fuera enviado a manos de los asesores, para que en las siguientes dos semanas se construyeran los dictámenes.
“Corresponde reglamentariamente que los autores de proyectos los expongan en la comisión. Yo prefiero que todos los diputados discutan. Yo no creo en los asesores”, enfatizó Carrió, para descreditar el trabajo de los expertos.
Luego de esa reunión, realizada el 15 de marzo último, los diputados no se volvieron a reunir y recién lo harían esta semana, como consecuencia del pedido realizado la semana pasada por el jefe de Gabinete.