En el caso del “estallido de un artefacto explosivo instalado en el casino del edificio de la entonces Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal Argentina, ubicado en la calle Moreno 1431 de esta Ciudad, el día 2 de julio de 1976, que dejara como consecuencia la destrucción parcial del referido recinto y un saldo de varios muertos”, hubo sentencia de Casación.
La Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal rechazó los recursos presentados contra el fallo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que había confirmado la resolución que sobreseyó por extinción de la acción penal por prescripción a Mario Eduardo Firmenich, Marcelo Kurlat, Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Norberto A. Habegger y Lila Victoria Pastoriza.
Así, la Cámara Nacional de Casación, mediante un fallo de 122 páginas rechazó considerar al atentado cometido por Montoneros el 02/07/1976, en el casino del edificio de la entonces Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal (conocida como “Coordinación Federal”), en el Departamento Central de la calle Moreno al 1400.
23 personas murieron y medio centenar resultó con heridas. Entre las víctimas mortales estaba Josefina Melucci de Cepeda. La lista de lesionados incluyó a Hugo Raúl Biazzo y Néstor Gustavo Soria, agente y oficial, respectivamente.
Ellos y sus descendientes (representados por el ex juez Norberto Ángel Giletta y José María Sacheri, integrante de la Asociación de Víctimas del Terrorismo) iniciaron la acción judicial que pretendió poner a un mismo nivel los atentados guerrilleros y la represión de Estado.
Argumentaron que no se estaba considerando el concepto de “humanidad” ante el ataque guerrillero, ni que Montoneros “integró una agrupación subversiva supranacional” que recibió “ayuda financiera y entrenamiento, y en terceros países cometieron, además, otros actos inhumanos que causaron intencionalmente grandes sufrimientos atentando contra la integridad física y la salud mental del pueblo de la Nación”.
La Sala 1ª de la Casación, con las firmas de los jueces Raúl Madueño, Juan Fégoli y Mariano González Palazzo estableció la diferencia: “Los crímenes de lesa humanidad no lesionan sólo a la víctima que ve cercenados por el delito sus derechos básicos, sino que también implican una lesión a toda la humanidad como conjunto… se trata de casos en los que la política se ha vuelto cancerosa o perversa. Los crímenes contra la humanidad también trascienden al individuo porque cuando el individuo es lesionado, la humanidad es atacada y anulada.”
Entre otros motivos, los jueces consideraron que el atentado tampoco puede ser considerado “crimen de guerra” porque en la Argentina de los ’70 no existió una guerra. “Como no puede acreditarse que la organización Montoneros haya tenido control sobre una parte sustancial del territorio argentino, se debe concluir que las operaciones armadas llevadas adelante por esta organización no son compatibles con el concepto de conflicto armado interno”.
Solicitada
«Sigamos en el camino de esta democracia ética e inclusiva, respetuosa de todos los derechos, con el pueblo y el gobierno mancomunados, sin olvidar el pasado oprobioso, construyendo ciudadanía en el presente y mirando hacia un futuro cada vez más promisorio», dijo la Presidencia en una solicitada que publicaron hoy algunos matutinos porteños.
Con el título «24 de Marzo, Día de Reflexión por la Memoria, la Verdad y la Justicia«, la solicitada de una página destacó la gestión iniciada por el ex presidente Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, y continuada por su esposa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
«Desde el 25 de mayo de 2003, con la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia de la Nación, las políticas públicas dieron el combate contra la impunidad, rescataron el valor ético del Estado y pusieron en vigencia los Derechos Humanos en todas sus dimensiones, a través de un modelo de país en transformación hacia una democracia plena».
Destacó que «en esta nueva Argentina renacida de sus cenizas, los responsables de los crímenes de lesa humanidad están siendo juzgados y condenados por los tribunales competentes de todo el país».
En el texto también se mencionó el rol que tuvieron algunos sectores de la sociedad en el apoyo a la dictadura militar, cuando hace 35 años las Fuerzas Armadas «asaltaron los poderes del Estado».
«Hace 35 años, las corporaciones económicas, los sectores civiles subordinados a ellas y los grandes medios monopólicos de prensa, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, asaltaron los poderes del Estado para instaurar la dictadura terrorista más cruel y homicida de toda la historia nacional».
Según se recordó, en su afán de «disciplinar al conjunto del pueblo argentino y desarticular toda resistencia a la opresión», las Fuerzas Armadas «eliminaron a los hombres y mujeres que encarnaban los anhelos transformadores por un país igualitario y equitativo, y a todos aquellos que constituían los elementos más activos de las organizaciones obreras y las redes sociales solidarias».
De esa forma, «su acción criminal se extendió a todos los estamentos sociales, educativos, culturales, políticos, intelectuales, profesionales y religiosos, selectivamente, para hacer desaparecer a quienes disentían abiertamente con el modelo de Estado Gendarme en beneficio exclusivo del neoliberalismo salvaje».
El texto mencionó el saldo que dejó el terrorismo de Estado, con «30.000 detenidos-desaparecidos y asesinados, 500 niños nacidos en cautiverio y apropiados, 15.000 ciudadanos encarcelados, decenas de miles de exiliados y hondas huellas traumáticas colectivas, con el desmantelamentieo del Estado y el brutal empobrecimento de su población».