La Legislatura Provincial decidió archivar un proyecto de Ley impulsado por el Poder Ejecutivo con trámite de urgencia, para dar tratamiento y cancelación a una deuda del Estado con el IPAUSS que tiene sentencia judicial, al cabo de una breve sesión que finalizó con incidentes provocados por dirigentes de ATE.
De esta manera, la oposición legislativa impidió que el Gobierno provincial pudiera afrontar en forma ordenada el pago de $ 438.969.622,68 al Megainstituto por montos no saldados del Compromiso de Pago Provisional Mensual, previsto en la ley 676, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008.
Conocida la sentencia judicial que ordena pagar esa suma, el Ejecutivo fueguino giró al Parlamento el 29 de diciembre, un proyecto de ley creando una Comisión Especial de Evaluación de la Ley Provincial 676, que incluye la declaración de consolidación de la deuda previsional y asistencial mantenida con el IPAUSS; y la creación de un Fondo Fiduciario para la Reparación Histórica del Sistema Previsional y Asistencial.
La norma viene a reemplazar lo que contemplaban los artículos 32 a 34 del proyecto de Ley de Presupuesto 2011 que el Gobierno giró a la Legislatura, pero que la Gobernadora debió vetar por haber recibido un tratamiento inconstitucional por parte de los legisladores.
El proyecto de ley que el Parlamento archivó sin más trámite, propone implementar un sistema de tratamiento y cancelación de la deuda con el IPAUSS, creando una comisión a tal efecto integrada por el Presidente del Organismo, dos legisladores de la Comisión de Salud y Previsión, y dos miembros del Poder Ejecutivo; además invita a los municipios a designar representantes así como a los directores del IPAUSS que soliciten participar.
La Comisión debía conformarse dentro de los 10 días de promulgada la norma que no prosperó, para evaluar montos adeudados por el Estado; establecer esquemas de pagos alternativos; determinar los montos girados por recupero al Fondo Residual 478; y emitir dictamen fundado dentro de 90 días de una posible reforma de la ley.
La propuesta declaraba la deuda contraída con el Instituto por el Ejecutivo en anteriores administraciones como “sujeta a consolidación”, y los miembros de la Comisión debían determinar el importe total adeudado dentro de 90 días certificado por Tribunal de Cuentas.
Una vez cumplida esta tarea, la deuda debía pagarse con los recursos disponibles en el Fondo para la Reparación Histórica del Sistema Provisional y Asistencial creado para tal fin, y conformado por las siguientes fuentes de financiamiento:
a) Los Fondos del Plan de Desendeudamiento Nacional al que accedió la Provincia.
b) 15% del canon de renegociación de contratos petroleros.
c) 15% canon extraordinario de producción de las empresas petroleras.
d) Los recursos provenientes de empréstitos tomados para cancelar esta deuda.
e) El 100% de los importes que transfiera el BTDF al Tesoro por utilidades. (art. 6, inc. D, Ley 234).
f) 10% de lo recaudado en concepto de tasas retributivas de servicios (Art. 9 y 9 bis, Ley 440) a partir del ejercicio 2012.
g) Recursos obtenidos como resultado de la administración financiera del fondo.
h) La partida específica que anualmente pueda fijar el Presupuesto general de la Provincia.
Además, el Fondo se nutriría de la aplicación de una alícuota adicional sobre Ingresos Brutos del 0,5 % aplicable a todas las actividades gravadas por este impuesto.
Funcionarios del Ejecutivo analizan ahora una nueva propuesta para cumplir con el pago al IPAUSS y cancelar así la deuda generada por anteriores gestiones.
Al cabo de la sesión, dirigentes de ATE agredieron físicamente al Presidente del IPAUSS, Vicente Sinchicay.
(Fuente textual: Prensa Gobierno TDF)