(Río Grande, 27 de septiembre de 2010)- La desaparición de Sofía Herrera cumplirá mañana dos años sin un sólo atisbo de solución, pese a la gran cantidad de recursos destinados a la investigación por organismos provinciales, nacionales e incluso internacionales.
Sofía tenía cuatro años de edad cuando desapareció de la vista de sus padres María Elena Delgado y Fabián Herrera en el camping John Goodall, a 60 kilómetros de Río Grande, a donde la familia había ido a pasar el fin de semana con amigos.
La falta de pistas acerca del paradero de la menor –extraviada en circunstancias que tornan misteriosas con el paso del tiempo- no se compadece con la extraordinaria tarea llevada a cabo por investigadores y funcionarios judiciales, a lo largo de dos años.
La causa judicial está desde el inicio a cargo del juez de instrucción penal Eduardo López -fiscal Guillermo Garone-, quien el 31 de agosto de 2009 ordenó detener al cuidador del camping, Alberto Urrutia (73), por sospechas de que podría haberla secuestrado, aunque luego lo liberó por “falta de mérito”.
Apenas iniciadas las tareas judiciales, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego anunció que había decidido liberar al Juzgado de Eduardo López de toda misión que no fuera la causa Sofía Herrera, dotándolo de todos los elementos de logística que requiriera.
Durante algunos meses, ese juzgado se dedicó con exclusividad a dirigir las tareas investigativas en pos de resolver el misterioso caso. Un equipo de investigadores de la Policía fueguina se instaló en el mismo edificio del Juzgado para cumplir allí la más diversa gama de labores imaginable.
Una investigación de Radio Fueguina permitió recabar datos sorprendentes de una investigación que se puede ubicar entre las más intensivas encaradas en el país: en opinión de expertos de la Justicia no existen en Argentina antecedentes de tamaño despliegue de fuerzas, recursos y logística puestos al servicio de una causa penal.
Nombres y números
Una atenta recorrida por las más de 20 mil fojas que lleva adelante el Juzgado de Instrucción Nro.1 de Río Grande permite saber que han intervenido en tareas investigativas y de rastreo fuerzas de la Policía fueguina, del Batallón de Infantería de Marina 5 de la Armada, Gendarmería Nacional (sección Reforzada RG del Escuadrón 44), Prefectura Naval Argentina, Carabineros de Chile, Policías de Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Santa Cruz, San Luis y La Pampa (entre otras provincias), funcionarios judiciales de nueve estados, e incluso investigadores del FBI. En la actualidad se trabaja en estrecha colaboración con la Fiscalía de Investigaciones de Punta Arenas (Chile).
También colaboraron en la búsqueda de la niña en los alrededores del camping aviones del Aeroclub Río Grande y efectivos de las fuerzas de Defensa Civil Provincial y de los Municipios de Río Grande y Tolhuin.
Durante las tareas de investigación dentro del camping y en el allanamiento de la vivienda de Urrutia participaron hombres de la Brigada Rural y de Servicios Especiales de la Policía fueguina, con el aporte de arqueólogos y geólogos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), la Unidad de Antropología Forense, equipos con perros adiestrados para la detección de cadáveres, una unidad equipada con Georadar y tanatólogos forenses.
No menos de siete organizaciones especializadas en todo el mundo fueron requeridas de imágenes satelitales del camping captadas en los momentos previos y posteriores a la desaparición de Sofía.
A lo largo de dos años se efectuaron tres reconstrucciones registradas en video, se consultó a más de trescientos testigos y se investigó en treinta días a más de 69.000 vehículos en toda la provincia.
Expertos policiales cruzaron 53.146 llamadas telefónicas efectuadas por 220 usuarios en el curso de un mes. Una de esas llamadas derivó en un operativo coordinado que implicó 28 allanamientos simultáneos en toda la Isla.
Entre otros datos curiosos, la causa llevó a detectar en toda la Isla a 19 ciudadanos titulares de un VW Gol gris, quienes a la vez poseían un perro bóxer. Seguían la pista aportada por un niño que aseguró haber visto cómo un hombre alzó a Sofía y se la llevó en un auto (de las características mencionadas) a bordo del cual se hallaba un perro bóxer.
La minuciosa inspección del “rancho” del cuidador Urrutia (una casilla de no más de 15 metros cuadrados) derivó en la recolección de varios objetos con manchas de sangre y 1.260 filamentos pilosos de los cuales 18 elementos se encontraron aptos para ser sometidos a exámenes de ADN (todos con resultado negativo).
Del expediente judicial surgen más cifras elocuentes de un trabajo de rastreo tan desesperado como incansable. Según los registros, se recorrieron en vehículos terrestres (automóviles, camionetas 4×4 y cuatriciclos) más de cien mil kilómetros (100.900 km. exactamente), por vía fluvial se navegó 625 millas y se recorrieron 2.900 kilómetros a pie o a caballo, completando lo que se denominó “peinar” el terreno dentro del camping y fuera de él, hasta 100 kilómetros a la vera de la ruta Nacional 3 que pasa frente al predio.
Volver a empezar
Pese a todos los esfuerzos, la causa no arroja pistas ni indicios del destino que tuvo la pequeña, no hay detenidos y no se cree que nuevas medidas pudieren aportar elementos novedosos al expediente.
Aun así, la Justicia ha dispuesto realizar nuevos rastrillajes en el camping, el cual permaneció por un año cerrado, a disposición de los investigadores.
El 8 de septiembre último el juez López dio a conocer una imagen del rostro de Sofía actualizado digitalmente, y relanzó la campaña con una nueva página de internet (www.sofiaherrera.com.ar) y el número para llamar sin cargo 0800 222 SOFI (7634).
(Exclusivo www.radiofueguina.com – Investigación periodística Oscar D’Agostino/Héctor Cavalotti)