(Buenos Aires, abril 2 de 2010) – La propiedad y explotación de los recursos naturales son elementos centrales para las posibilidades de de-sarrollo de un país. Es así que la disputa por la posesión de los éstos ha sido, es y seguirá siendo, el principal factor desencadenante de conflictos a nivel mundial. Si enumeramos los recursos naturales más codiciados, seguramente el agua, los alimentos y la energía se ubicarían en los primeros lugares de la lista. Justamente los dos últimos, recursos ictícolas (alimentos) e hidrocarburos (energía) son los recursos que el Reino Unido está robando a las actuales y futuras generaciones de argentinos.
Hasta 1986 la usurpación inglesa se limitaba a las islas Malvinas y 12 millas de mar a su alrededor. El mantenimiento de la ocupación de las islas representaba un importante gasto para el Reino Unido. Fue así que, conociendo las grandes riquezas pesqueras y el potencial petrolero de la zona, ese año el gobierno británico estableció la llamada Zona Interina de Conservación Pesquera, (FICZ) de 150 millas de radio, con centro en el Estrecho de San Carlos. Presentada con pretextos conservacionistas, su objetivo era la venta de permisos de pesca a empresas extranjeras.
Cuatro años más tarde, en 1990, se creó la Zona Externa de Conservación (FOCZ), una zona de prohibición conjunta de pesca que llega hasta las 200 millas hacia el norte, este y sur de las islas. Si bien esta zona fue establecida de mutuo acuerdo entre la Argentina y el Reino Unido, a fines de 1993 el gobierno británico levantó unilateralmente la veda, extendiendo a esa zona la validez de sus licencias. La venta de permisos de pesca permitió multiplicar varias veces el presupuesto de las islas, que hasta ese entonces vivía de la ganadería ovina y, fundamentalmente, de los subsidios del gobierno británico.
Actualmente el producto bruto de las islas es de u$s75 millones, de los cuales alrededor de u$s40 millones provienen de los permisos de pesca. Con apenas 3.000 habitantes, las islas poseen un PBI per cápita de u$s25.000, ubicándolas entre las poblaciones con más altos ingresos del mundo.
En lo que respecta a los hidrocarburos, en 1993 la administración de las islas presentó un documento al Partido Conservador británico en el que afirmaba la existencia de áreas offshore de 4.200 km2 de características similares la del Mar del Norte. Dos años más tarde, bajo la política de seducción del gobierno de Menem, nuestro país firmó un Acuerdo de Cooperación Petrolera con el Reino Unido, estableciendo una zona de exploración y explotación conjunta. Sin embargo, poco después de la firma de los acuerdos petroleros el gobierno británico licitó y entregó licencias de exploración offshore, dando comienzo a la primera etapa de la fase exploratoria.
En 1998 seis pozos fueron perforados en el norte de las islas. Luego, con la caída en los precios del barril de petróleo las empresas que operaban en la cuenca decidieron posponer las operaciones. Recientemente, con el precio del crudo cercano a los u$s100 el barril, y ante el agotamiento de las reservas hidrocarburíferas en el Mar del Norte, el interés británico por los recursos submarinos del Mar Argentino renació.
BARRILES. Pero, ¿de cuánto petróleo estamos hablando? El diario sensacionalista británico The Guardian publicó que existen en Malvinas unos 60.000 millones de barriles de petróleo. Además de no contar con ninguna fuente seria de información, el objetivo de tal información seguramente sea despertar el interés de la ciudadanía británica sobre el tema. La realidad es que si bien por el momento nadie sabe con precisión cuánto petróleo existe en la zona, un dato a tener en cuenta es que las cuatro empresas que tienen previsto operar en la cuenca al norte de la isla informaron a sus accionistas que esperan descubrir alrededor de 17.000 millones de barriles de crudo, es decir, casi el triple de las reservas probadas de la Argentina (2.600 millones de barriles) y el Reino Unido (3.800 millones de barriles) en conjunto.
Es muy factible que existan abundantes cantidades de petróleo y gas a lo largo del Mar Argentino. Lamentablemente el Estado argentino ya no cuenta con una empresa de magnitud capaz de realizar las inversiones necesarias para realizar las tareas de exploración offshore, tal como lo hizo Petrobras en Brasil. Pero, que la empresa estatal no exista en el presente no significa que no pueda volver a existir en el futuro, y es para cuando llegue ese momento que el Estado argentino debe velar por los recursos del subsuelo marino.
Es muy importante tener en claro que la llegada de la plataforma de exploración a las islas Malvinas constituye un avance que va mucho más allá de la usurpación del territorio insular en 1833. Las exploraciones li-citadas por el Reino Unido tienen lugar en el Mar Argentino, usurpado hace tan sólo 24 años, en principio para apoderarse de los recursos renovables, y que ahora busca también hacerse de los recursos no renovables. Ya no se trata de una disputa por la soberanía de las islas Malvinas, estamos frente a la disputa por la soberanía de nuestro propio mar.
Además del saqueo de los recursos naturales de nuestro país, la exploración y explotación petrolera en el Mar Argentino constituye un avance del Reino Unido, y a través suyo de la UE sobre la soberanía argentina. Se trata lisa y llanamente de una invasión, tal como sucedió en Irak o Afganistán, con la única diferencia de que en lugar de ocupar el desierto en este caso el territorio ocupado es el mar. Por otro lado no debe perderse de vista que las Malvinas están ubicadas en una región estratégica del planeta. Una zona libre de contaminación, rica en biodiversidad y con los recursos naturales que cada vez serán más buscados.
ESTRATEGIA. Descartada la opción bélica, la estrategia del Estado argentino deberá centrarse en desalentar y encarecer las operaciones de las empresas que participen del saqueo de nuestros recursos naturales. En este sentido la sanción de la ley 26.386 constituye un importante avance para dificultar el saqueo de los recursos ictícolas. Se exige a quienes resulten beneficiarios de cuotas de captura asignadas por el Consejo Federal Pesquero, una declaración jurada en la que manifiesten que no realizan, por sí o mediante empresas vinculadas, actividades de pesca en aguas de jurisdicción argentina (incluidas las islas Malvinas, claro está) sin el correspondiente permiso de pesca.
En el mismo sentido, para el caso de la exploración petrolera, se estableció el decreto presidencial 256, que impone la obligación de requerir una autorización nacional a todo buque o artefacto naval que busque transitar entre puertos argentinos y los de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Esta medida podría profundizarse mediante un tratamiento análogo a la actividad pesquera. Es decir, prohibir las actividades comerciales de empresas que, por sí mismas o por vinculadas, realicen actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el área ocupada. El gobierno británico otorgó licencias para explorar en el Mar Argentino a las empresas: Desire Petroleum, Argos Resources, Falkland Oil and Gas Ltd (FOGL) / BHP Billiton, Borders and Southern Petroleum y Rockhopper Exploration. En el bicentenario de nuestra independencia, en defensa de la soberanía nacional, el Estado argentino podría, y debería, expulsar del país a toda empresa relacionada de manera directa con la exploración y explotación ilegal de Petróleo en el Mar Argentino.
(Fuente textual: elargentino.com/Horacio Crivelli)