Resulta natural suponer que frente a las consecuencias desfavorables de una deficiente administración de sus finanzas, el municipio de Río Grande busque recaudar fondos del modo a que hubiera lugar, ya que no parece encontrar manera de disminuir sus gastos.
Recurrir a préstamos del Gobierno Nacional para ejecutar obras que debieran financiarse con fondos propios, patear para adelante el endeudamiento o presionar por la coparticipación más allá de lo que aconseja la mesura, todo parece ser válido y se acepta. Lo que de ningún modo debiera ser un recurso del funcionario es esquilmar a los contribuyentes más de lo que ya se está aportando a cambio de poco o nada en términos de obras y servicios.
La sensación de que se ha apelado a un aumento desmesurado de las tasas vigentes era palpable en quienes recibieron sus cedulones en los últimos días y el término “impuestazo” empezó a ganar los titulares de los pocos medios de prensa que se atreven a juzgar con objetividad las acciones de la administración Martín.
Con la liviandad que le caracteriza y la impunidad que le otorga el hacer declaraciones sólo ante los micrófonos que él mismo elige, el virtual secretario de Finanzas y entusiasta vocero del jefe comunal, el contador Labroca aseveró que no hay tal impuestazo y que el incremento en las cifras que presentan los cedulones proviene de un revalúo, es decir una actualización del valor fiscal de las propiedades, lo que se conoce como valuación fiscal.
Aun sabiendo que no es completamente cierta, la afirmación podía tener algún grado de veracidad al menos para algunos casos, pero entonces todos empezamos a preguntarnos cuál es la explicación equivalente que el calvo funcionario puede sacar a relucir para el caso de los automotores.
Es obvio pensar que en el caso de los vehículos no existe posibilidad de modificar hacia arriba la valuación fiscal, por el contrario el valor de los rodados disminuye rápidamente con los años y en algunos municipios hasta se exime del pago a aquellos vehículos que tienen una cantidad importante de años de antigüedad.
Para la administración riograndense todo esto no parece coincidir con su afán recaudatorio. En todo caso, todo bicho que rueda es pasible de impuestazo.
Uno a uno los contribuyentes que van recibiendo la liquidación de impuestos para el 2008 por sus vehículos pueden notar que el acrecentamiento que refleja el cedulón es más que considerable, un incremento que no ha sido anunciado, que no ha sido autorizado por el Concejo Deliberante y que por lo tanto podría encuadrarse quizás en lo que se denomina abuso de autoridad.
Las quejas de los contribuyentes empiezan a ser masivas y como botón de muestra baste con la imagen que acompaña a estas líneas. La liquidación corresponde a un automóvil Fiat Elba, modelo 1993, es decir con más de 15 años de antigüedad. La cuota que en 2006 era de $ 5,42, en el año 2008 pasó a ser de $42, casi un mil por ciento de aumento.
Casi una estafa en términos de justicia fiscal, un despropósito inadmisible que no parece ser un caso aislado ni mucho menos. Lo preocupante es que los señores Concejales de
Será importante y necesario que alguien salga a dar las respuestas que correspondan y con algo más de responsabilidad de lo que se ha hecho hasta ahora para intentar convencernos de que el impuestazo es sólo una sensación y no el saqueo a la economía de los contribuyentes que parece ser, al menos según las pruebas que están a la vista.