(Río Grande, 10 de junio de 2009)< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
El sacerdote Julio César Grassi fue condenado hoy a 15 años de prisión por el Tribunal Oral número 1 de Morón, por dos abusos sexuales en 1996 agravados en condición de sacerdote y «corrupción de menores» en la causa que se le seguía a raíz de las denuncias realizadas por tres jóvenes de la Fundación Felices Los Niños de Hurlinghham, aunque sólo se lo condenó por la acusación del menor conocido como Gabriel.
El prelado quedará en libertad hasta que la sentencia quede firme tras las apelaciones, pero Grassi no podrá salir del país, no podrá cambiar de domicilio, deberá presentarse ante los Tribunales el primer día de cada mes y tampoco podrá acercarse a menores de edad, en especial a los tres menores que lo acusaron. A su vez, sólo terceros autorizados podrán acercarse a su fundación.
Los jueces Luis Andueza, Jorge Carrera y Mario Gómez dieron a conocer la sentencia pasadas las 14.30, después de haber encabezado 200 audiencias desde el 19 de agosto de 2008, hace más de nueve meses.
El sacerdote Julio César Grassi, de 52 años, estaba acusado de 17 hechos de abuso sexuales y corrupción de menores agravados por su condición de sacerdote, pero la Justicia bonaerense lo absolvió en la gran mayoría de ellas por no poder probar los abusos y sólo hubo «fallo unánime condenatorio» en dos de los hechos que se les imputaba contra el denunciante «O.A.A.», conocido como Gabriel.
Según indicó el veredicto, el Tribunal «por unanimidad condena a la pena de 15 años de prisión con asesoras y costas por abuso sexual agravado por resultar guarda de los menores» así como «por corrupción de menores agravado por su condición de protector de menores» por dos hechos ocurridos entre octubre y diciembre de 1996 en «horario indeterminado», completó al fallo.
Asimismo, la Justicia ordenó que el acusado indemnice con pequeñas sumas a las familias de las víctimas.
La audiencia se realizó a puertas cerradas, sin cámaras de televisión, en el quinto piso del edificio de los tribunales de Morón con la presencia del imputado y unas 40 personas, entre funcionarios, veedores y periodistas.
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