El ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, ya ha intentado poner un freno a las movilizaciones de este sábado al advertir que «evidentemente no va a haber acampadas porque son actos ilegales«, y por eso se han trasladado a Madrid, uno de los epicentros de las protestas, policías desde otras ciudades del país para montar un dispositivo que contará con más de 1.500 agentes antidisturbios.
El Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid, en manos del partido de Mariano Rajoy, ha advertido a través de su delegada Cristina Cifuentes que no se van a permitir las acampadas y que los manifestantes deben abandonar las plazas a las 22.00h hora local como muy tarde.
Ante el temor de que se desencadene la represión policial que se vio en otras concentraciones, Amnistía Internacional ha querido subrayar que los indignados tienen derecho a manfiestarse de manera pacífica y que las acampadas son una opción legítima de protesta.
La ONG también ha señalado que la manifestación pacífica «puede incluir conductas que incomoden, dificulten, impidan u obstruyan temporalmente actividades de terceros», un criterio compartido por organismos como la Comisión Europea para la Democracia del Consejo de Europa o la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Entre tanto, más de 50 países se han solidarizado con España, y en unas 300 ciudades se han organizado eventos similares, entre las que destacan algunas tan importantes como París, Berlín, Londres, Bruselas, Nueva York, Washington D.C., Río de Janeiro, El Cairo, Caracas y Nueva Delhi.
En España, la protesta promete hacerse sentir en 80 ciudades. Ya no está el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero las reivindicaciones no han cambiado. En esta ocasión, las demandas de los indignados, que se inspiraron en la primavera árabe y que estimularon otros movimientos de protesta como Occupy Wall Street, se han concentrado en cinco áreas: Educación y sanidad públicas de calidad; No a la precariedad laboral y No a la reforma; Por una vivienda digna garantizada y una renta básica universal; y «ni un euro más para rescatar a los bancos».
Este asunto es especialmente delicado después de que el Gobierno español anunciara la toma de una participación mayoritaria en el capital del grupo BFA-Bankia, la cuarta agrupación bancaria más grande de España, para sanear la entidad y recuperar la confianza de los mercados.