Con una condena a la “fuerte ofensiva” para “silenciar al periodismo independiente” en Argentina, Ecuador y Venezuela, y la decisión de enviar una misión internacional a Buenos Aires en coincidencia con el llamado “7D”, concluyó ayer aquí la 68ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La cumbre continental advirtió que los propios presidentes de los tres países mencionados encabezan los ataques a la prensa libre y apelan a “leyes regulatorias, discriminación de la publicidad oficial e inmensos aparatos mediáticos estatales y privados para difamar y hacer campañas de desprestigio” contra periodistas y medios.
Señaló, asimismo, la SIP que la presidenta Cristina Fernández “sigue sin dar conferencias de prensa y abusa de la cadena nacional para anuncios que no son contemplados por la legislación, además de tergiversar estadísticas oficiales y mantener un costoso aparato de comunicación utilizado muchas veces para atacar a los críticos”.
“La amenaza a la prensa independiente –agrega– puede tener un capítulo oscuro en diciembre, cuando el Gobierno pretende avanzar sobre los medios audiovisuales del Grupo Clarín, desconociendo fallos judiciales y normas legales”.
Y continúa: “Esos medios son los pocos que hoy informan con independencia del relato oficial”.
Por ello, la asamblea de la entidad hemisférica aceptó la propuesta realizada por este enviado, en su condición de presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), para que se envíe una misión internacional en días cercanos al próximo 7 de diciembre (7D, según el relato oficial), cuando vence la medida cautelar planteada contra dos artículos de la llamada Ley de Medios.
Trato discriminatorio. Dos de las 13 resoluciones aprobadas por la asamblea de la SIP estuvieron dedicadas a la Argentina, que fue así el país que más preocupación suscitó de los participantes. La referida a la misión de diciembre solicita al Gobierno que “ponga fin al tratamiento discriminatorio en materia de medios de comunicación, en particular sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
Insta, asimismo, a “respetar la independencia de poderes en todos los casos y específicamente en relación a cuestiones referidas a medios de comunicación y a libertad de expresión”.
La SIP exige a las máximas autoridades que “promuevan la generación de condiciones de tranquilidad institucional, necesarias para la resolución imparcial de los conflictos judiciales”.
Solicita también que “se abstenga de propiciar acciones que tengan como fin la persecución y el amedrentamiento de medios y periodistas, así como de anticipar medidas y represalias como las sugeridas en avisos y declaraciones de funcionarios en torno al denominado 7D”.
Respetar la libertad. La otra resolución sobre la situación de la prensa en Argentina insta al Gobierno a que “garantice un ambiente de sano respeto a la libertad de expresión, independientemente de la identificación ideológica de quienes se manifiesten”.
La SIP pide, por último, que “cesen en sus acciones para desnaturalizar las funciones propias de los organismos de control, encauzando su accionar de acuerdo a sus objetos institucionales y poniendo fin a maniobras de persecución y amedrentamiento sobre aquellas personas, medios y organizaciones que manifiestan o publican opiniones críticas a la actual gestión” del Gobierno argentino.
Nuevas autoridades
Presidente: Jaime Mantilla (Hoy, Ecuador).
Vicepresidentes: Elizabeth Ballantine (The Durango Herald, EE.UU.) y Gustavo Mohme (La República, Perú).
Libertad de Prensa: Claudio Paolillo (Búsqueda, Uruguay).
Comité Ejecutivo: Juan Luis Correa (La Estrella, Panamá).
Argentinos en otros cargos: Bartolomé Mitre (La Nación), Ernesto Kraiselburd (El Día), Martín Etchevers (Olé), Francisco Fascetto (Diario Popular), Saturnino Herrera (Clarín).