«La reunión entre la delegación argentina y los funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores ya está en marcha», dijo una fuente de la cancillería de Ghana, que pidió estricto anonimato.
El navío realizó una escala en Tema como parte de su misión de entrenamiento, pero el 2 de octubre se le impidió abandonar el puerto por decisión de una corte de Ghana, que acató un pedido por un grupo inversor de las Islas Caymán, que reclama el cobro de unos 370 millones de dólares por parte de Argentina.
Argentina había anunciado el envío de los viceministros de Defensa y de Relaciones Exteriores a la capital de Ghana pero inicialmente no fue posible confirmar quiénes participaron de la primera ronda de negociaciones.
El jefe de la marina de guerra de Argentina, el almirante Carlos Alberto Paz, presentó el lunes su renuncia, luego de que el gobierno sancionara a dos oficiales investigados por la retención de la fragata, que tiene una tripulación de unos 200 marinos.
De acuerdo con el gobierno argentino, la retención de la fragata constituye una violación a la Convención de Viena, ya que los navíos militares están protegidos por inmunidad diplomática.
El año pasado, la fragata había realizado escalas apenas en puertos latinoamericanos, supuestamente en una tentativa de evitar la posibilidad de situaciones como la ocurrida en Ghana.
La demanda de retener la fragata argentina fue presentada por un grupo de inversionistas a los que Argentina califica como «fondos buitre usureros», y agrupados en la firma NML.
Este grupo especulativo posee papeles de la deuda argentina pero no aceptó participar de los canjes y reestructuraciones realizados entre 2005 y 2010 y que le permitieron al gobierno de Buenos Aires refinanciar el 93% de la deuda del default declarado en 2001.