(Río Grande, 17 de junio de 2011) Ratificando las declaraciones públicas efectuadas por la gobernadora Fabiana Ríos el pasado miércoles, funcionarios de la Secretaría General de la Gobernación informaron ayer que están “obligados” a efectuar “una denuncia penal” contra a la diputada María Adela Calchaquí, toda vez que existen elementos suficientes para sostener la existencia de perjuicio fiscal contra el Estado, debido a que Calchaquí usufructuó un plus salarial durante 17 años, a partir de haber presentado en el año 1990 una “Constancia de Certificado de Estudios en Trámites” adulterada, permitiéndole el cobro del ítem 43 que refiere al mencionado título secundario.
El dinero cobrado y acumulado durante estos 17 años por el ítem 43 (título secundario) rondaría una cifra cercana a los 100.000 pesos. Monto no contempla actualizaciones ni intereses.
La denuncia tendría origen en el Expediente: F.E., caratulada “S/PRESUNTA DEFRAUDACION” que inició la Fiscalía de Estado en base a un dictamen que efectuó la Dirección de Haberes de la Provincia, quien toma como fecha de inicio del cobro indebido por parte de Calchaquí, el mes de junio de 1990 con retroactivo a marzo del mismo año, hasta que la sospechada asumió a la Cámara de Diputados, el 10 de diciembre de 2007.
Una de las últimas informaciones de la enrarecida situación que rodea a la actual Parlamentaria, es justamente la contradictoria nota enviada por ella misma –de fecha 3 de mayo del 2011–, a la Subsecretaria de Recursos Humanos donde Calchaquí consigna; “no poseo título secundario completo (sic), no obstante lo cual, he finalizado mis estudios universitarios conforme lo acredita la documentación acompañada oportunamente”.
“Sos la única que me puede ayudar”
Esta elevación de carácter penal prevista para el martes o miércoles de la semana venidera, es posterior a otra denuncia efectuada por Stella Maris González en sede policial.
González, funcionaria de la Dirección General de Recursos Humanos, declaró el 20 de abril último ante la comisaria primera de Ushuaia, haber recibido de parte de Calchaquí un pedido de ayuda bajo las siguiente circunstancias: “sos la única persona que puede ayudarme. Hay un documento que se encuentra en mí legajo y quería saber si podías sacarlo” ante la negativa de González, Calchaquí reiteró el pedido y al obtener siempre la misma respuesta, cortó abruptamente la comunicación. La denuncia quedó incorporada, por parte de la Secretaría General de Gobierno, en una investigación sumaria de 285 fojas, donde se concentró los hechos y circunstancia que implican a la Diputada que llegó a la Cámara Baja de la mano del PaUFe, el partido del ex comisario Luis Abelardo Patti, preso por asesinato y violación a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
Perito mercantil
Toda esta situación comenzó durante la pasada Semana Santa, con la acusación por escrito del conductor radial riograndense Carlos Roberto Muzón calificada por este de “grave denuncia”, dando cuenta del cobro indebido por parte de Calchaquí del ítem 43 en su carácter de agente de la Administración Pública Provincial, lo que derivó en la actuación del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía de Estado de la Provincia, y horas pasadas la confirmación de la concreción de la denuncia penal, por parte de la propia Fabiana Ríos y de los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno.
“Mariel” Calchaquí como se hace llamar María Adela, ingresó como agente de la Secretaría de Desarrollo de Tierra del Fuego en 1990, donde engrosando su legajo presentó el 1 de abril de 1990, una “Constancia de Certificados de Estudios en Trámites” otorgada por el colegio secundario Jerónimo Luis de Cabrera de la ciudad de Córdoba (el 20 de febrero de 1989), en la cual indica que no adeuda “ninguna” materia y que egresó en el año 1987, con el título de “Perito Mercantil”.
No se sabe cómo fue que Muzón obtuvo esa información después de tanto tiempo. Todo hace suponer que alguien de máxima confianza de la diputada, le proveyó de datos claves y precisos al conductor radial, como para que este accediera a esos antecedentes de una antigüedad de 21 años y con total certeza.
Tras la publicación de abril efectuada por EDFM, Calchaquí negó de manera enfática haber presentado un documento adulterado o fraguado. Por el contrario, en reiteradas oportunidades sostuvo que “jamás” presentó “un título de educación o documento falso” y que sus estudios “están debidamente certificados”.
“No posee título secundario”
El 3 de mayo y después de aducir no estar al tanto de la investigación sumaria administrativa del Gobierno provincial, Calchaquí se dirigió por nota a la Subsecretaría de Recursos Humanos “en virtud de lo requerido a través de la Cédula de Notificación recibida el día 27 de abril del corriente año (2011)”, indicando los siguiente: “consigno que no poseo título secundario completo, no obstante lo cual, he finalizado mis estudios universitarios conforme lo acredita la documentación acompañada oportunamente”. Esto último en referencia al título de Licenciada en Ciencias Políticas otorgado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a donde ingresó después de un examen de idoneidad para alumnos que no poseyendo título secundario, tienen más de 25 años.
EDFM, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial hacer uso al “libre acceso a la información pública”, pudo verificar que los dichos de María Adela Calchaquí no eran ciertos, toda vez que la copia de su “Constancia de Certificados de Estudios en Trámites” presentada en el 1 de marzo de 1990, no se condice en nada con la documentación que remitió e fines de mayo por la directora del colegio Jerónimo Luis de Cabrera de la capital a Córdoba (IPEM 138) –donde Calchaquí indicó haber cursado–, a la Secretaría General del Gobierno fueguino.
Los datos documentales aportados por el colegio cordobés no dejan margen a duda, cuando indican que María Adela Calchaquí “cursó en forma incompleta Primer año en 1981, adeudando la asignatura matemática”, y que “repite segundo año en 1983, quedando en ese año libre por inasistencias”.
La única verdad es la realidad
Calchaquí se victimiza y argumenta que las publicaciones de este medio intentan perjudicarla políticamente, en el momento que ella busca la reelección en el cargo de diputada nacional. Y en su desesperada embestida contra EDFM, se compara con la presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner cuando en 2005 versiones lanzadas desde la oposición quisieron poner en duda que la Jefa de Estado hubiera obtenido el título de abogada en la Universidad Nacional de la Plata, hecho que fue despejado por la propia casa de altos estudios.
Lejos, muy lejos de la presidenta, Calchaquí persiste en sus dichos y asegura que “jamás” presentó “un título de educación o documento falso” y que sus estudios “están debidamente certificados”.
Fuente: El Diario del Fin del Mundo