El flamante agregado comercial de la Embajada argentina en Italia, Guillermo Moreno, suma problemas judiciales del otro lado del Atlántico: irá a juicio por las multas a las consultoras privadas y se pidió su indagatoria en una causa por presuntas amenazas.
El juez federal Claudio Bonadio elevó parcialmente a juicio la causa penal contra el exsecretario de Comercio Interior. La medida incluye a dos de sus antiguos colaboradores Fernando Carro, director de Comercio Interior, y Alberto Rotella, de Lealtad comercial.
Así, el magistrado clausuró la etapa de instrucción de la causapor «abuso de autoridad», delito que se castiga con entre un mes y dos años de prisión, con el doble de ese tiempo de inhabilitación.
Bonadio consideró que Moreno, exsecretario de Comerio Interior, y sus subordinados quisieron «silenciar» a Finsoport, consultora de Jorge Todesca y una de las varias empresas que publicaba índices de inflación independientes y superiores a los que difundía el «viejo» INDEC. Además, el juez sostuvo que los funcionarios «excedieron las facultades de las cuales disponían» y «sin mesura alguna en cuanto al medio elegido».
«La arbitrariedad de los funcionarios y su intención maliciosa también se trasluce en la violación al derecho de los particulares a exponer sus opiniones, que no es otro que el derecho a la libertad de expresión», agregó el magistrado según publicó la agencia DyN.
Desde 2011, el Gobierno había castigado, además de a Finsoport, a Buenos Aires City (de Graciela Bevacqua, exdirectora de Índices de precios del INDEC), FIEL, Ecolatina (que perteneció a Roberto Lavagna y hoy dirige su hijo Marcos), Gabriel Rubinstein y Asociados, y Eco Go (Estudio Miguel Bein). Las multas, por supuestas violaciones a la ley de Lealtad Comercial, ascendían hasta 500.000 pesos. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó anularlas el 13 de mayo de 2013.
Moreno -que renunció como secretario de Comercio Interior y fue designado agregado económico de la Embajada argentina en Italia en diciembre- había pedido a Bonadio susobreseimiento, lo cual fue rechazado.
No es su única preocupación: el fiscal federal Patricio Evers pidió su indagatoria en una causa presuntas amenazas a la despachante de aduana Paula de Conto, que lo denuncióel año pasado.
Ahora Evers, a cargo de la Fiscalía nro. 12 en lo Criminal y Correccional Federal, elevó el pedido al juez federal Ariel Lijo , quien deberá decidir si hace lugar al planteo.
De Conto acusó al funcionario de «amenazas, coacciones, malos tratos, abuso de poder, violencia de género y exigencias indebidas» tras mantener una reunión con Moreno en su despacho de Comercio Interior para gestionar la liberación de importaciones para una empresa brasileña para la que trabajaba.
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