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Legislatura: Libre deuda ambiental

La legisladora Laura Rojo dijo: “Queremos saber dónde van los residuos industriales y, si no pueden explicarlo, entonces no podrán exportar”. Advirtió además que las plantas industriales instaladas en la provincia generan una gran cantidad de residuos.

(Río Grande, 09 de setiembre de 2012) –  La Legisladora por el Partido Patagónico Popular, (PPP) Laura Rojo explicó, en la última reunión que se llevó adelante en la Legislatura provincial, la importancia del proyecto de “libre deuda ambiental”.

Aseguro que, si se aprueba, Tierra del Fuego “sería la primera provincia del país en que las industrias se harían cargo de sus propios residuos, sin generarle gasto y preocupación al resto de la comunidad”.

Esta iniciativa se generó, teniendo en cuenta que durante la última década, en Tierra del Fuego, “la actividad industrial aumentó de forma extraordinaria y, como consecuencia, también los residuos que se generan” aclaró Rojo.

Adelantó además que “la idea es que las empresas generadoras de residuos industriales como comerciales, deban acreditar fehacientemente la trazabilidad de estos, abarcando así la identificación de los residuos en las distintas etapas de producción o comercialización, como se realiza el almacenamiento, distribución o destrucción y su recorrido hasta el reciclaje final”.

Ante esto, cabe destacar que la Comisión Nº 3, de Servicios Públicos comenzó a darle tratamiento al flamante proyecto, que pretende ordenar los parques industriales de Río Grande y Ushuaia.

La parlamentaria, autora de la iniciativa, señaló al resto de sus pares, que “las empresas productoras o comerciales que no puedan justificar el proceso final de los desechos tóxicos, no contarán con el certificado de libre deuda ambiental. Motivo por el cual, no podrán exportar su mercadería”.

“Necesitamos saber qué hacen con la basura” insistió Rojo y, para ello, el organismo de aplicación será la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Ambiente.

En la actualidad un nodo sanitario municipal tiene un costo aproximado de cuatro millones de pesos, y una vida útil de ocho meses, donde el 70 por ciento del volumen allí depositado de desechos son de origen fabril, mientras que sólo el 30 por ciento es de origen domiciliario, “esta situación hay que revertirla”, dijo.